Un fallo judicial definió la situación de varios integrantes de la anterior conducción de San Lorenzo, en medio de la tensión institucional que atraviesa al club.
La crisis institucional que atraviesa San Lorenzo desde 2025 tuvo un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía PCyF N°8, especializada en Eventos Masivos, se pronunció sobre la denuncia penal que había alcanzado a integrantes de la Comisión Directiva del CASLA. La resolución lleva la firma del fiscal Maximiliano Vence y fue notificada el 7 de julio.
Los orígenes de la crisis en Boedo
Todo se remonta a abril de 2025, cuando Marcelo Moretti pidió licencia como presidente. Julio César Lopardo asumió de manera transitoria, hasta que en septiembre se declaró la acefalía del club tras una ola de renuncias en la Comisión Directiva.
La Justicia civil intervino: la Sala B de la Cámara Civil restituyó a Moretti en la presidencia el 3 de octubre de 2025 y ordenó convocar a una nueva reunión directiva dentro de los quince días, bajo apercibimiento de dar intervención a la Inspección General de Justicia.
La denuncia penal contra la ex dirigencia
El 25 de noviembre, un socio vitalicio del Ciclón presentó una denuncia penal señalando un supuesto abandono institucional: falta de pago a jugadores, no renovación de contratos en juveniles y opacidad en el manejo de fondos. La causa recayó primero en la Fiscalía N°35 y luego se unificó con otra investigación contra Moretti en la Fiscalía N°8.
En diciembre, la fiscal a cargo convocó a declarar a todos los miembros de la Comisión Directiva, imputándolos por los delitos de desobediencia y administración fraudulenta.
El fallo: archivo parcial de la causa
Tras analizar el Estatuto Social del club, el fiscal Vence resolvió archivar parcialmente la causa respecto de Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Alejandro Barros, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Alejandro Tamer, Juan Sagardoy y los ocho vocales imputados.
El fundamento central fue que el artículo 59° del Estatuto reserva exclusivamente al presidente —o a quien lo reemplace— la facultad de convocar a reuniones de Comisión Directiva. Por eso, según el dictamen, esos dirigentes no tenían capacidad jurídica para cumplir la orden judicial de convocatoria.
Respecto de la administración fraudulenta, el fiscal distinguió funciones: vocales, intendente y secretario de actas no manejan fondos del club, mientras que para el Tesorero y la Protesorera no se acreditó el dolo específico que exige ese delito.
Qué sigue con Moretti
El archivo dispuesto por la Fiscalía N°8 no alcanza a Marcelo Moretti, cuya situación judicial continúa bajo análisis en el marco de la causa que ya se tramitaba en su contra por irregularidades en la administración del club.
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